HNM

HNM

Aplicación Movil

Celeste Andino / Honduras, Nación y Mundo
Powered by Conduit Mobile

lunes, 6 de junio de 2011

Discurso del Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en la Ceremonia Inaugural de la XLI Asamblea General de la OEA


Señoras, Señores:
Es para mí y para El Salvador un gran honor recibir a las delegaciones de la naciones miembros de la Organización de Estados Americanos en nuestro suelo.
Les agradezco la confianza que han depositado en el país y en mi gobierno para organizar esta cuadragésimo primera Asamblea General en nuestra Capital.
Les deseo, a la vez, que tengan una agradable estadía y que disfruten de nuestros hermosos paisajes y, sobre todo, de la calidez y hospitalidad del pueblo salvadoreño.
Quiero saludar, en primer lugar y con especial cariño, la presencia de nuestros hermanos hondureños, cuya delegación se reincorpora hoy a las sesiones como miembro de pleno derecho de este foro regional.
Ha sido un largo proceso en el que se ha debido desarrollar para llegar a este punto.
Han sido por supuesto también necesarios muchos esfuerzos, pero lo más importante es que hoy Honduras está de regreso al seno de la OEA. Bienvenidos nuevamente.
Debo recordar que como vecinos y hermanos, pero sobre todo como demócratas, fuimos de los primeros en condenar la interrupción del ciclo constitucional en la República de Honduras.
Pero de igual manera, hemos sido también de los primeros en apoyar –desde las elecciones que llevaron al Presidente Lobo al poder- esta reincorporación que hoy celebramos.
Como he dicho en otras ocasiones, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia.Sólo con más democracia.
Nadie ni nada puede sustituir a la soberanía popular.
Larga y dolorosa ha sido ya la experiencia del golpismo en toda América Latinoamérica.
Por eso, a la luz de esa experiencia pasada y de la reciente vivida en Honduras, quiero reiterar el interés de mi gobierno en el fortalecimiento de nuestra Carta Democrática y su transformación como una herramienta eficaz para la prevención de situaciones como la que vivió nuestro hermano, pueblo centroamericano.
El sistema demanda una reforma profunda y deberíamos comenzar a discutir la creación de un sistema de alertas tempranas y de penalidades que sancionen cualquier quebrantamiento de la institucionalidad democrática.
En este punto, quiero mostrar mi satisfacción por las palabras del Secretario General, don José Miguel Insulza, que ha dado ya su respaldo a esta iniciativa.
Amigas y amigos:
Como les decía al principio, es un gran honor para El Salvador ser la sede de esta Asamblea. Es, de hecho, un hito para nuestra política exterior que no se había producido desde 1988, momento en que nuestro país vivía circunstancias políticas muy diferentes a las actuales.
Mi gobierno interpreta, por tanto, esta oportunidad como un reconocimiento de ustedes al proceso de profundización democrática que vive El Salvador y hacia los avances en materia de respeto a los derechos humanos, fortalecimiento institucional, integración regional y apuesta por el diálogo y el consenso que estamos impulsando.
El tema central que mueve esta Asamblea -Seguridad Ciudadana en las Américas- es, a nuestro entender, completamente congruente con este proceso y con la necesidad de articular estrategias que nos permitan hacer frente, en toda la región, a uno de los enemigos más poderosos de la estabilidad y del desarrollo: como es el crimen organizado y particularmente el narcotráfico.
Está demostrada la relación entre el tráfico ilegal de drogas, personas y armas y el aumento exponencial de las muertes violentas en nuestro continente. Ya lo mencionaba en las estadísticas que refería el Secretario General de la OEA. Mesoamérica muestra una cruda realidad del alto costo en vidas humanas que supone formar parte de las rutas de tránsito y también de consumo de sustancias ilegales.
Este no es, sin embargo, un problema que se pueda resolver únicamente con un enfoque de seguridad nacional. El enemigo que enfrentamos es sin lugar a dudas transnacional; su actividad atraviesa gran parte de nuestro continente en su camino desde los países productores hasta los grandes mercados consumidores; y a su paso en esta ruta, deja un rastro de delito y criminalidad que pone en peligro la viabilidad de los países con menos recursos para hacerle frente, como es el caso de nuestro país El Salvador y, en general, de toda Centroamérica.
Es cierto que los grandes beneficios del tráfico de droga se obtienen de los consumidores en los países más ricos.
Es cierto que, en términos absolutos, el crimen organizado transnacional es más poderoso en las regiones más ricas del planeta.
Sin embargo, su participación en el total de la actividad económica de países como Estados Unidos, por ejemplo, es tan pequeña que no supone un riesgo sustancial para la seguridad del Estado y de sus instituciones.
Distinta es la situación que padece Centroamérica.
Cuando una parte de esa riqueza se compara con el Producto Interno Bruto de países mucho más pequeños, el crimen organizado puede llegar a tener los suficientes recursos como para poner en jaque las capacidades de seguridad del Estado.
Por ello, la estrategia que ha planteado mi gobierno –desde el comienzo mismo de su gestión, tiene en cuenta dos pilares fundamentales, además de la elaboración y ejecución un Plan de Seguridad, destinado al combate de la criminalidad y la violencia:
Por un lado, la necesidad de fortalecer internamente las instituciones del Estado y muy especialmente los cuerpos de seguridad, para evitar que sean infiltrados por el crimen.
Y por otro, impulsar estrategias regionales, en Centroamérica y también en Estados Unidos, Colombia, México y en todo el continente, para iniciar acciones concretas y conjuntas que nos permitan encargarnos de la totalidad del fenómeno y de dar la gran y buena batalla con posibilidades ciertas de éxito.
Me referiré primero al fortalecimiento institucional, y si me lo permiten, les hablaré ahora del caso de El Salvador.
El proceso que iniciamos hace dos años tiene como uno de sus objetivos fundamentales terminar con el modelo predominante en nuestra región que ha permitido el desarrollo de florecientes empresas de seguridad privada, frente a una policía pobre y mal equipada.
Nuestra Policía Nacional Civil es una institución relativamente joven. Nació con los Acuerdos de Paz, hace 19 años y en ese tiempo ha visto crecer exponencialmente los retos que le ponen el crimen organizado y la violencia, pero no así los medios a su alcance para combatirlos.
Esta situación llevó a un deterioro de la institución y a una caída de la motivación que ya hemos comenzado a revertir, gracias a una inversión sin precedentes en los dos últimos años. Hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario para sumar más efectivos, capacitar a los agentes, dotarles de equipo, vehículos y tecnología y, por supuesto, también lograr mejores condiciones de trabajo.
Paralelamente, iniciamos, por primera vez en la historia de los cuerpos de seguridad, un proceso de depuración sin precedentes, para separar de la institución a esas manzanas podridas de las que se sirven los largos tentáculos del crimen organizado.
De esta forma, estamos creando un cuerpo policial más efectivo y que ha comenzado a ser percibido con mayor aceptación y confianza y por supuesto con mayor respeto por la población salvadoreña.
Esos esfuerzos y esa nueva mística de trabajo, ya se han traducido en los primeros resultados. En los últimos doce meses hemos logrado revertir en el país la curva ascendente de los delitos y luchamos a diario para seguir reduciendo los niveles de criminalidad.
Por supuesto, no estamos satisfechos con los logros alcanzados hasta el momento, No es una labor sencilla, especialmente dados los actuales niveles de presencia de los carteles y de las pandillas en el área centroamericana y en nuestro territorio, pero seguiremos sumando esfuerzos a este proceso para que la recuperación y revalorización de nuestras fuerzas del orden sea un proceso irreversible.
A la par, iniciamos una experiencia interesante que hasta ahora se mantiene exitosa.
Y es la incorporación de efectivos de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la labor de la Policía Nacional Civil, dentro de los marcos que establece nuestra Constitución, las leyes vigentes y por supuesto con un apego irrestricto a la defensa y protección de los derechos humanos.
Policías y militares juntos y coordinados en un Gabinete de Seguridad que incorpora también a la Fiscalía General de la República, se despliegan en las calles y en todo el territorio nacional para llevar tranquilidad y seguridad al pueblo.
Quiero destacar, además, que en paralelo con este trabajo de recuperación institucional y de represión del delito, trabajamos por supuesto en la prevención como un eje fundamental de nuestra estrategia de seguridad.
En este sentido, la última medida que hemos resuelto poner en marcha, y que anuncie hace algunos días con ocasión de conmemorar mi segundo año de Gobierno ante los honorables diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, es la implementación de un Servicio de Protección Civil Obligatorio, destinado a proteger a 5 mil jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas.
Durante 6 meses estos jóvenes estarán alejados del peligro en guarniciones militares y recibirán orientación para su rehabilitación a través de un adiestramiento sin armas.
Los y las jóvenes recibirán formación vocacional para generar un cambio de conducta y facilitar su inserción a la vida productiva del país.
Y, con especial énfasis, está previsto que aprendan tareas de protección civil, de socorrismo y de técnicas especializadas para actuar ante desastres naturales.
Y esta es una decisión acertada, tomando en cuenta que nuestro país es, de acuerdo a informes recientes uno de los países más vulnerables, sino el más vulnerable del continente.
Además, estos jóvenes recibirán una asignación económica mensual para ayudar a sus familias.
De esta forma, esperamos asestar un duro golpe al semillero de reclutamiento de las pandillas, que se nutre de nuestra población más joven, sobre todo de jóvenes entre 16 y 18 años de edad.
Señoras, señores, amigos y amigas:
Más allá de nuestros esfuerzos nacionales, como les decía al principio, es fundamental articular estrategias que nos permitan combatir a este enemigo común que no entiende de fronteras y que es capaz de infiltrarse en todas las esferas de poder.
Para comprender las dimensiones de este reto basta comparar algunas cifras. Según datos oficiales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se estima que en el año 2008, los ingresos por contrabando de cocaína fueron entre 80 y 100 mil millones de dólares, es decir, sólo para tener una idea, más de 5 veces el Producto Interno Bruto de El Salvador y me atrevería a pensar que muy cercano al Producto Interno Bruto de toda la región centroamericana.
La relevancia de esta cifra no sólo radica en la gran desventaja con que enfrentamos esta batalla, sino también en el hecho de que ese dinero negro se inserta continuamente en la economía mundial a través del lavado.
Esos 100 mil millones de dólares van a parar a nuestras empresas e instituciones, a todo el ciclo económico de los países y tejen así una complicada y fuerte argamasa criminal en todas las estructuras de poder, tanto en las públicas como en las privadas.
Es a través de ese flujo de capitales, que atraviesan con mucha más libertad que cualquier ser humano fronteras y controles, como se infiltran y alimentan las redes del narcotráfico en todos los estratos de la sociedad.
Es a través de su influencia económica como el crimen logra establecerse y legitimarse en todos los ámbitos, incluidas las élites.
Hablamos en este sentido no sólo de un problema de seguridad pública, sino también de un problema de mercado. Se estima que aproximadamente el 43% del consumo mundial de cocaína ocurre en Estados Unidos y Canadá. El 90% de esa cocaína transita por México y al menos el 42% de la misma pasa por Centroamérica.
Por si fuera poco, a medida que crece el volumen de este negocio ilegal, se resiente la economía formal de nuestros países.
Les mencionaré una cifra más para ilustrar este punto. Según el último informe del Banco Mundial, la seguridad le cuesta a Centroamérica cerca del 8% de su Producto Interno Bruto. Es, de hecho, un inmenso obstáculo para el crecimiento y el progreso de nuestros pueblos, recursos que podrían ser mejor utilizados en el desarrollo de programas sociales y de atención de las vulnerabilidades que enfrentan nuestros pueblos.
Ante estos datos, señoras y señores, no podemos pensar ni por un momento que lograremos combatir estructuras criminales de semejante tamaño y sofisticación sin una estrategia regional común.
Es impensable alcanzar éxito en nuestra buena batalla sin el trabajo conjunto de toda Mesoamérica y, por supuesto, de Estados Unidos.
Amigos y amigas:
Desde mi llegada al Gobierno he trabajado para impulsar una nueva agenda conjunta centroamericana, desde el convencimiento de que ese es el único camino que tiene nuestra región y sus democracias para hacer frente a este gran enemigo.
Hará pronto un año, en una Cumbre extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericano, (SICA), que tuvo lugar también acá, en esta capital San Salvador, relanzamos el proceso de integración y nos propusimos como uno de los ejes de acción fundamentales la problemática de la seguridad regional, en la nueva agenda de la integración.
Tras esa primera declaración, los equipos regionales han trabajado y avanzado en la coordinación de operaciones policiales, en la unificación de la información y en otros procesos encaminados a dar forma a este deseo de los centroamericanos de vivir en paz.
A finales de este mes daremos un paso más en este proceso con la reunión que tendrá lugar en Guatemala, que tiene por objetivo hacer partícipe a la comunidad internacional de la situación en la región y de las iniciativas que estamos desarrollando.
Esperamos contar con la solidaridad y apoyo de los países amigos en esta difícil misión que no le concierne a un solo país ni a sola una región.
Esta, amigos y amigas es una batalla planetaria que debemos enfrentar de forma integral y desde una perspectiva que vaya más allá de la suma de efectivos policiales y se esfuerce en atacar también las causas de la vulnerabilidad moral y social de nuestros países.
No podemos olvidar que el mapa del tráfico ilegal se sirve en gran parte del mapa de la pobreza y la desigualdad social. Son por, tanto, las dos caras de una misma realidad que tenemos la obligación de transformar.
Seguridad ciudadana es un concepto que abraza no sólo la persecución y represión del delito, sino también el respeto a los derechos humanos fundamentales de la población.
Entre estos derechos están el derecho a la vida, a una vida digna, con acceso equitativo a los bienes y a la cultura. Están también el derecho a transitar sin miedo, a la tranquilidad en cada pueblo, en cada calle, en cada barrio, en cada casa.
Vean ustedes, amigos y amigas, que hablamos y hablaremos primordialmente, del combate de las manifestaciones criminales de este complejísimo fenómeno de la producción, tráfico y consumo de drogas, armas y personas.
No nos referiremos –y tal vez deba ser punto central de la agenda de una nueva Asamblea General- al consumo que es el que promueve la producción y el tráfico.
No nos referiremos a la profunda crisis moral que viven nuestras sociedades en las que se ha expandido exponencialmente en las últimas décadas el consumo de drogas.
La drogodependencia es la expresión de una sociedad profundamente enferma que se niega a mirarse a sí misma en su decadencia moral.
Es la expresión de la crisis de un sistema que ha consentido este consumismo enfermo.
Desde esa dimensión humana es que debemos plantearnos este reto, desde la necesidad de recuperar la paz y el equilibrio en nuestros corazones.
Tengo confianza, señor Secretario, en que las decisiones que tomemos en esta Asamblea contribuyan a afianzar la tarea conjunta y nos acerquen a encontrar soluciones para este complejo problema global.
Antes de finalizar, en el Día Mundial del Medio Ambiente, quisiera reafirmar el compromiso de nuestro Gobierno con las iniciativas de este foro y de otros organismos mundiales destinadas a la preservación del equilibrio ambiental.
Precisamente hoy, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha lanzado una amplia consulta para la definición de una política de estado en esta materia.
Amigos y amigas:
Quiero volver a agradecerles a todas y a todos, la presencia en mi país y el aporte que realizan para encontrar soluciones a los graves problemas del continente.
Aprovecho la oportunidad para saludar al pueblo y gobierno de Perú por haber concluido una nueva jornada de consulta electoral que sin duda alguna fortalecerá la construcción de la democracia en este hermano país.
Gracias amigo José Miguel Insulza y comitiva que lo acompaña.
Gracias, hermanos y hermanas de toda América.
Que Dios los bendiga.
Que Dios bendiga al pueblo americano.
Muchas gracias.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada