Examen Periódico Universal
4 de noviembre 2010
Señor Presidente,
Honorables señoras y señores representantes de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y de Estados Observadores,
Distinguidos representantes de las organizaciones no gubernamentales presentes,
La delegación de Honduras que me digno en presidir, se siente honrada de comparecer a este primer encuentro ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de exponer en este Examen Periódico Universal, la situación de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales de Honduras en el periodo de los últimos cuatro años.
Me acompañan por el Poder Ejecutivo, nuestro Embajador en Ginebra, la Ministra de Derechos Humanos, el Ministro del Interior y de Población, Secretaria de Desarrollo Social y la Ministra del Instituto Nacional de la Mujer. Por el Poder Legislativo, el Presidente y Vice Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Por el Ministerio Público, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, de la Niñez, Mujer, Etnias y Patrimonio Cultural y el Sub Procurador General de la República.
Honduras desea recordar y hacer constar su compromiso internacional con los derechos humanos, al suscribir los numerosos tratados internacionales de ámbito universal: Pactos Internacionales de Naciones Unidas relativos a la protección del niño, de la mujer, migrantes, personas con discapacidad; contra la tortura, la discriminación, y desaparición forzadas, entre otros.
Honduras, también es Parte en la Convención Americana de Derechos Humanos y consecuentemente ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, la República de Honduras tiene un compromiso concreto que cabe calificar como relevante en el marco de los derechos humanos. Su comparecencia hoy aquí ante este órgano es una muestra más de ello.
Esta es una valiosa oportunidad, para resaltar los importantes avances, desafíos y retos inmediatos asumidos por nuestro país y el Gobierno que preside Porfirio Lobo Sosa, cuyo mandato inició el 27 de enero de 2010.
Es importante destacar, que en diciembre de 2008, seis meses antes de la crisis político institucional del 28 de junio de 2009, de conformidad a nuestra legislación, ya se habían realizado elecciones primarias y electos los cinco Candidatos Presidenciales. Todos los partidos políticos concurrieron a las mismas bajo la dirección del Tribunal Supremo Electoral. Esta elección tuvo lugar con la presencia de numerosos observadores internacionales, incluyendo una Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las elecciones generales, que se celebraron el 29 de noviembre de 2009, fueron legalmente convocadas tres semanas antes de la crisis política institucional, y el pueblo hondureño concurrió masivamente a votar y ejercer así su derecho y deber ciudadano de elegir y ser electo(a), para el cargo de Presidente de la Republica, Diputados al Congreso Nacional, Diputados al Parlamento Centroamericanos y Alcaldías municipales.
De esta manera, las y los hondureños ejercimos nuestra soberanía popular, el derecho a la autodeterminación y nuestra vocación cívica de resolver los conflictos por mecanismos democráticos. Con ello, mandamos un mensaje significativo a la comunidad internacional, que acogemos la democracia como el mejor sistema para garantizar la gobernabilidad de nuestro pueblo y que preferimos el diálogo antes que el enfrentamiento.
Desde el inicio de su gestión el Presidente Lobo Sosa conformó un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por miembros de los cinco partidos políticos hondureños
El Examen Periódico Universal ha merecido el mayor interés para el Estado de Honduras puesto que contribuirá al proceso de diálogo y consulta nacional en temas que atañen a la dignificación de la condición de vida del ser humano.
Los esfuerzos del Estado para presentarse a este examen, se concentraron en una comisión interinstitucional de trabajo coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de representantes de los Poderes Legislativo y Judicial y de diversas Secretarías e instituciones del Estado, contando con la participación activa del Ministerio Público.
Esta Comisión, a fin de cumplir con su cometido, conformó cuatro sub grupos distribuidos en función de los temas priorizados, siendo éstos: derechos civiles y políticos, derechos económicos y culturales, derechos de los grupos humanos en situación de vulnerabilidad y derechos colectivos.
La intervención que hago en este momento, constituye la posición oficial del Estado de Honduras y de manera transparente manifestamos que esta presentación suple algunos vacíos de la versión escrita presentada anteriormente.
Nuestro Gobierno, en el marco de las garantías y derechos constitucionales, reafirma el compromiso de respetar y proteger la dignidad de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. En este sentido, se ha establecido una política para la promoción, respeto y observancia de los derechos humanos como objetivos nacionales contemplados en una nueva Visión de País y un Plan de Nación que fue producto de una amplia consulta entre la sociedad civil, academia, los partidos políticos y otros sectores importantes de la vida nacional.
Esta normativa contempla, como uno de los principales objetivos nacionales, a corto, mediano y largo plazo, una Honduras sin pobreza, con educación y salud, con sistemas consolidados de previsión social; una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia y dentro de un absoluto respeto a los derechos humanos.
Por primera vez en nuestro país se implementará una política pública con enfoque de derechos y un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, tal y como lo recomendara la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993, a través de la recién creada Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. La nueva Secretaría se encargará de diseñar, ejecutar y supervisar la política pública para la promoción y defensa de los derechos humanos y en particular la de los grupos vulnerables de nuestra población. Además, será la responsable, en nombre del Estado, de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos internacionales.
En consonancia con esta política, el Presidente de la República extendió invitación permanente y abierta a los diferentes mecanismos y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos incluyendo la invitación para la apertura de una oficina de país de la Alta Comisionada. El propósito de estas acciones es promover buenas prácticas y mejor observancia para la promoción y protección de los derechos humanos.
Por ello expondremos en detalle la situación del país y los avances estructurales en materia de derechos humanos.
Estamos conscientes que, de la crisis político institucional, se derivan grandes desafíos directamente relacionados con el fortalecimiento del sistema institucional de protección de los derechos humanos y el Estado reconoce el rol activo que jugaron las y los defensores de los derechos humanos.
El desafío principal y más urgente del Estado de Honduras, con respecto a la protección de los derechos humanos, es la protección del derecho a la vida. La ubicación geográfica de nuestro país, que es una de sus principales fortalezas y oportunidades para su desarrollo, también lo convierte en uno de los países de la región más vulnerables a la violencia derivada de la criminalidad organizada. En los últimos años, Honduras está expuesta al trafico de drogas, la trata de personas, trafico de armas, retos que estamos enfrentando de manera conjunta con los otros Estados de la región.
Según el Observatorio de la Violencia, Honduras presenta una tasa de 67 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Por ello el Estado ha impulsado una respuesta al delito contra la vida a través de acciones positivas para la investigación y sanción de las muertes violentas, especialmente la de mujeres y la de las y los niños. Con suma preocupación observamos la alta incidencia de ejecuciones de menores de edad.
Al respecto, hemos creado Unidades Especiales en la Policía Nacional y en el Ministerio Publico. Reconocemos que aún hay más por hacer en el fortalecimiento de dichas Unidades y en el diseño de una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana como derecho humano.
En las primeras acciones tomadas por el Presidente de la República, figura una amnistía amplia e incondicional para los delitos políticos y comunes conexos, con exclusión expresa para casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Además, a esta fecha el Poder Ejecutivo ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el Acuerdo Tegucigalpa-San José. Entre ellos, la conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta Comisión incluye la participación de destacados expertos nacionales e internacionales. El mandato se desarrolla con independencia funcional, administrativa, técnica y financiera, y es tan amplio, que permite investigar no solo los hechos acontecidos antes y después del 28 de junio de 2009, sino además, las violaciones de los derechos humanos. Tal y como lo manda el decreto de creación de la Comisión, esta concluirá “con un informe que aporte elementos al pueblo hondureño para evitar crisis similares, formular recomendaciones constructivas que fortalezcan su institucionalidad y su desarrollo democrático, así como la defensa y garantía de los derechos humanos”.
Señor Presidente, deseo enfatizar principalmente los temas prioritarios en materia de derechos humanos. En tal sentido, nos referiremos a asuntos contenidos en el informe de la Alta Comisionada, así como en los informes puntuales de Relatores y los comentarios de organizaciones no gubernamentales con interés en este campo.
En octubre de 2009, una Misión Especial fue enviada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a Honduras la cual presentó un informe. Si bien es cierto, que las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada corresponden a un período anterior al actual gobierno, la actual Administración ha otorgado a las mismas la seriedad e importancia debida. Como consecuencia de lo anterior, el Estado de Honduras ha adoptado una serie de acciones tendientes a responder a las recomendaciones entre las que se destacan las siguientes.
Con relación a la impunidad alegada respecto a violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público ha presentado a partir del 28 de junio de 2009, veintidós acusaciones criminales contra altos funcionarios militares y policiales de distinta jerarquía y funcionarios civiles por hechos referidos a homicidios, torturas, violación sexual, detenciones ilegales, abusos de autoridad y delitos contra los medios de comunicación. Además, dicha Fiscalía está documentando, con la colaboración de defensores de derechos humanos de organizaciones no gubernamentales, alrededor de cien procesos investigativos.
En ese sentido, y para fortalecer la independencia, capacidad investigativa y logística de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el Congreso Nacional, a propuesta del Poder Ejecutivo, aprobó para el ejercicio fiscal 2011- 2012 una asignación presupuestaria de aproximadamente un millón seiscientos mil dólares.
Igualmente, para que la Policía Nacional haga uso racional, necesario y proporcional de la fuerza y observe el respeto debido a los derechos humanos, se ha iniciado un proceso de sensibilización y capacitación en la escala ejecutiva, superior, inspección y básica, que incorpora los alcances de los Códigos de Conducta de las Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Aunado a este proceso, se ha iniciado una depuración del cuerpo policial, sobre la base de la propia investigación interna y la aprehensión de los policías involucrados en ilícitos penales, mediante el cumplimiento de órdenes de captura.
También el Congreso Nacional, esta analizando reformar derogar la Ley de Estado de Sitio que data desde 1936, por ser incompatible e inaplicable con la Constitución de la República y Tratados Internacionales sobre derechos humanos.
En el marco de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención sobre Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos, desde el año 1996 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia que consagra sus derechos fundamentales. Dicho instrumento establece y regula el régimen de prevención y protección para asegurar su desarrollo integral, por medio de mecanismos y procedimientos para el acceso a la justicia de este sector de la población. De igual manera se creó el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, facultando la actuación del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia en esta materia.
Para una mejor tutela de sus derechos, el Estado ha adoptado el Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Vulnerables a la Trata de Personas. Además se ha creado la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata y se ha diseñado el Plan de Acción Nacional Contra la Explotación Sexual 2006-2011, así como la Comisión para la Defensa y Protección de la Integridad Física y Mental de la Niñez. Se han incorporado reformas al Código Penal para sancionar los delitos de explotación sexual comercial. También se han creado las Unidades Especializadas para la investigación de casos de explotación sexual comercial y trata, y para este fin se ha activado la línea 101 para recibir denuncias.
El trabajo infantil, de conformidad a la legislación interna es ilegal antes de cumplir los catorce años. En casos especiales la Ley permite dicho trabajo bajo control de las autoridades del Trabajo.
Asimismo, preocupados por las consecuencias del trabajo infantil se ha creado un Comité Técnico Interinstitucional integrado por instituciones estatales, organismos de cooperación, sociedad civil defensora de los derechos de las y los niños y sindicatos de trabajadores, que ha formulado un Plan Nacional para el periodo 2008-2015 que incluye la regulación de los trabajos peligrosos tanto por las condiciones como por su naturaleza y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
A pesar de estos avances, Honduras identifica como desafío en este ámbito, la necesidad de articular este Plan de Acción y la Hoja de Ruta con las políticas sociales de inclusión y reducción de la pobreza, fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales y para incentivar una cultura de denuncia. Estos desafíos requieren del apoyo y asistencia técnica de la comunidad internacional.
Las mujeres en Honduras somos el 52 % de la población nacional. El Estado condena la violencia contra la mujer por constituir una grave violación a los derechos humanos. Es por ello que se ha suscrito la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Para avanzar a la igualdad y equidad de género, Honduras cuenta con una amplia y rica normativa y recientemente aprobó el Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022. Este instrumento permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la igualdad y la equidad de género entre hombres y mujeres, dentro del contexto de la nueva Visión de País y Plan de Nación, particularmente en seis ejes prioritarios: participación social y política, educación, prevención de la violencia, salud, economía y medio ambiente.
En cuanto al acceso a la justicia de la mujer, se ha promulgado la Ley contra la Violencia Doméstica y sus reformas, que sanciona los actos de violencia en las relaciones afectivas por medio de juzgados especializados.
La Fiscalía Especial de la Mujer brinda asistencia técnica y jurídica a mujeres agredidas.
El apoyo emocional y la aplicación de medidas reeducativas es brindado a nivel nacional por dieciocho Consejerías de Familia dependientes de la Secretaria de Salud.
La aplicación de mecanismos de seguridad a las víctimas de violencia son responsabilidad de los Juzgados, Ministerio Público y Secretaria de Seguridad. En esta última se ha creado la Oficina de Género de la cual depende la línea telefónica 114 “vivir”, y se desarrolla la campaña “rompe el silencio” y “alto a la violencia sexual” que tienen como objetivo incentivar a la denuncia de delitos sexuales y su prevención.
Los gobiernos locales también han asumido la atención a los derechos de las mujeres, brindando atención en 179 Oficinas Municipales de la Mujer, siendo una meta del presente gobierno completar las 298 municipalidades impulsadas por el Instituto Nacional de Mujer.
En los Centros Integrados de Justicia en las tres ciudades principales del país, se cuenta con el sistema de Cámaras Gessel que constituye una herramienta fundamental para evitar la re-victimización.
En la actualidad, Honduras enfrenta una alta incidencia de muerte violenta de mujeres que es motivo de preocupación permanente del Estado. En tal sentido se ha conformado una Comisión Técnica de Seguimiento a estos hechos y una Unidad investigativa en la Policía Nacional y en la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio Publico, se cuenta con siete Unidades de Investigación, con la dotación de recursos especiales para la atención a nivel nacional. Como resultado de estas acciones desde el año 2008 se han judicializado 222 casos.
Como medidas legislativas, se adoptó el Protocolo de Aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica y sus reformas, y se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y su reglamento. Este instrumento permite la igualdad de oportunidad para la mujer en un 30% de forma progresiva, hasta alcanzar la igualdad con los hombres.
A fin de asegurar la atención integral de la persona con discapacidad, este tema será prioritario en el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Funcionan siete Centros de Rehabilitación adscritos a la Red de la Secretaría de Salud, atendidos con personal especializado. Asimismo, se ha aprobado la ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con Discapacidad, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la cual se creó la Dirección Nacional de Atención a Personas con Discapacidad como un ente desconcentrado del Poder Ejectivo.
Para asegurar la promoción y defensa de los derechos de los grupos Lésbico Gay Bisexual y Transexual (LGBT) el Gobierno ha otorgado personería jurídica a varias de las organizaciones. Igualmente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público ha emprendido acciones judiciales contra agentes de la autoridad por abuso de poder, discriminación y tentativa de homicidio en perjuicio de miembros de la comunidad LGTB de las que ya se han obtenido sentencias condenatorias.
En vista de la necesidad de generar consciencia y respeto a los derechos de este grupo vulnerable, el Gobierno ha acompañado una campaña contra la discriminación y homofobia. La campaña ha sido impulsada por la Sociedad Civil y ONGs internacionales como Human Rights Watch.
Otro sector humano en situación vulnerable lo constituyen las y los migrantes. En la mayoría de los casos la falta de oportunidades laborales motiva a muchos de nuestros compatriotas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. El Gobierno confía en que la promoción de inversiones y acceso a financiamiento para la pequeña y mediana empresa, así como programas de capacitación técnica y alternativas de empleo temporal, ofrezcan mejores opciones en Honduras. El riesgo en que incurre el migrante es muy elevado. La masacre ocurrida Tamaulipas, México, donde fueron asesinados 72 migrantes, 23 de los cuales fueron hondureños, provocó una reunión de Presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, a fin de examinar medidas que permitan superar esta situación. Este tema debe tener la prioridad de la comunidad internacional, pero también de los Estados emisores, y en ese sentido, investigar, castigar y asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas migrantes y sus familiares.
Para una mayor tutela de los derechos de las y los migrantes, hemos aprobado la Política Nacional de Atención al Migrante. Hacia ese fin hemos creado un Fondo de Auxilio al Hondureño en el Exterior y se promueve el anteproyecto de Ley de Protección a los Hondureños Migrantes y sus Familiares.
Señor Presidente, el Estado de Honduras por primera vez en su historia, se ha declarado como un Estado multiétnico y pluricultural reconociendo y protegiendo la existencia de los pueblos indígenas y afro-hondureños: Lencas, Miskitos, Tolupanes, Pech, Maya-Chortí, Tawakas, Nahoas, Garífunas y Afrodescendientes isleños de habla inglesa.
El Estado de Honduras reconoce la realidad del racismo y la discriminación racial, y sus repercusiones para la inclusión y pleno disfrute de los derechos humanos de los Pueblos indígenas y afro-hondureños y para la tutela efectiva de los derechos de estos pueblos, estamos iniciando una nueva etapa que arranca con la reciente creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños y Políticas de Igualdad Racial. Tenemos la plena voluntad de cumplir con las disposiciones del Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de los que Honduras forma parte.
Teniendo en cuenta la crucial importancia que para los pueblos indígenas representan las tierras y territorios que habitan y los recursos naturales, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ha incoado ante los Tribunales de la Republica, las acciones penales contra quienes pretenden afectar sus derechos ancestrales.
Asimismo, el Estado, para hacer posible la plena realización del derecho a la igualdad, consagra en su Constitución Política, como punible, la discriminación. En ese sentido ha ratificado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Con respecto a la diversidad de sus culturas, tradiciones e historias se creó el Programa Nacional para la Educación de las Etnias Autóctonas y Afro-hondureñas, cuyos principales logros son la impresión y distribución de textos de Educación Intercultural Bilingüe con sus respectivas guías didácticas para el segundo ciclo común en lengua materna y español como segunda lengua. También existe el Programa de Formación para docentes de educación intercultural bilingüe y un programa de becas para las y los alumnos de estos centros.
Reconocemos que dichos programas requieren de mayor aporte del Estado, como de organismos internacionales para ampliar su cobertura.
En septiembre de 2009 Honduras recibió la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes. Con respecto a las personas privadas de libertad, recomendó mejorar las condiciones de infraestructura de los centros penitenciarios de Honduras. Sobre este particular, en Consejo de Ministros se emitió el Decreto Ejecutivo mediante el cual se concede una asignación presupuestaria de aproximadamente treinta y cinco millones de dólares destinados para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en nueve centros en condiciones de precariedad.
Se cuenta con la Ley de Mecanismo Nacional de Aplicación del Protocolo Facultativo Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta Ley tiene por objetivo crear un órgano dotado de autonomía técnica, administrativa y presupuestaria a través del Comité Nacional y Consejo Consultivo de prevención contra la tortura. La integración de estos dos órganos, se llevó a cabo durante la presente Administración, con la participación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y amplia participación de la sociedad civil especialmente de las organizaciones no gubernamentales que promueven la protección y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.
Para reforzar la acción anterior, tanto el Presidente de la República como otros altos funcionarios de nuestro Gobierno, hemos condenando la práctica de la tortura y tratos crueles, en cualquiera de sus expresiones.
En relación a las alegaciones sobre la practica de detenciones arbitrarias, la Constitución de la República reconoce la inviolabilidad de la libertad personal y su garantía a través de la acción de Habeas Corpus, declarándola punible, penal y civilmente.
También en el Código Procesal Penal se regulan las reglas específicas para llevar a cabo la aprehensión, detención y captura, las cuales deben ser estrictamente observadas por los operadores judiciales. En este sentido, reconocemos que el Ministerio Público puede mejorar en su responsabilidad legal de vigilar las actividades de los cuerpos de seguridad.
Con relación a las Desapariciones Forzadas o Involuntarias el Gobierno de Honduras ratificó la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, aunque reconocemos que debemos asumir mayores esfuerzos para armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales.
La Ley Orgánica de la Policía regula la prestación de los servicios privados de seguridad, incluyendo los relativos a la autoprotección, prohibiendo de manera expresa el adiestramiento de personal nacional y extranjero, especialmente en lo que respecta a la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
Con el propósito de contribuir a las compensaciones en el orden pecuniario y moral de las víctimas y sus familiares, a iniciativa de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el Congreso Nacional conoce del proyecto de “Ley Especial de Reparación a las Víctimas por Violación a los Derechos Humanos” el cual está pendiente de aprobación.
Señor Presidente, externamos nuestra preocupación por las alegaciones de agresiones y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos y los exhortamos a denunciarlas ante las instancias nacionales correspondientes a fin de prevenir, investigar y castigar a los responsables. El Gobierno de Honduras tiene un firme compromiso con el combate a la impunidad y continuará haciendo ingentes esfuerzos por llevar a ala justicia a los violadores de los derechos humanos.
En lo que se refiere a la promoción y protección de la libertad de expresión e información, en Consejo de Ministros se derogó el Decreto Ejecutivo número PCM-124-2009 que facultaba a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para restringir el ejercicio de la libertad de expresión, prensa y acceso a la información.
Los asesinatos de nueve periodistas han sido condenados por parte del Presidente de la República y han consternado a la sociedad hondureña en general. Se han concluido las investigaciones en dos de los casos que han sido judicializados ante las instancias competentes. En ambos casos se ha procedido a la detención preventiva de los supuestos responsables.
En otros dos casos, las investigaciones están concluidas y el Gobierno espera que en cumplimiento de su quehacer oficial, la Fiscalía General de la República los presente en las próximas semanas. En los casos restantes, el Gobierno de Honduras ha solicitado y obtenido el concurso de terceros países para concluir rápidamente las investigaciones. Hasta ahora, en ninguno de los casos investigados se ha alegado por parte de las víctimas o sus familiares, motivaciones políticas y las investigaciones tampoco arrojan evidencia de que exista un patrón de esta índole, y de resultar acreditado en cualquier momento será investigado como corresponde.
La Corte Suprema de Justicia, al adoptar medidas disciplinarias, separó de sus cargos a un defensor público, dos jueces y una magistrada, por una votación de diez a cinco. Esta situación ha generado una discusión interna por razón de las causas de la separación. Los funcionarios judiciales afectados han interpuesto recurso administrativo para reintegro ante el Consejo de la Carrera Judicial, la cual está pendiente de resolución. Asimismo, han presentado una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A este respecto, la Corte Suprema de Justicia ha presentado el Informe correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con el propósito de superar los conflictos antes dichos se requiere separar la función jurisdiccional de la función administrativa en el Poder Judicial. En tal sentido, el Congreso Nacional incorporó en su agenda legislativa la discusión del Anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Señor Presidente, como medida de compensación social y de reducción de la pobreza, nuestro Gobierno creó el Programa Social de Transferencias Condicionadas de Efectivo denominado Bono 10,000. En este programa la mujer es un destinatario especial pues sabemos que a la par de la lucha contra la pobreza debemos dar la batalla contra la inequidad de género.
A la fecha se han beneficiado 100,821 familias de este programa. Se espera al mes de diciembre del presente año beneficiar a 150,000 familias.
En lo que se refiere a la protección del derecho a la salud, su cobertura se ha ampliado. Con el apoyo técnico y financiero internacional, se ha logrado la formulación e implementación de políticas, estrategias y programas de salud, como la política nacional de salud 2021, a fin de reducir la mortalidad materno-infantil; la atención integral para los y las adolescentes, incorporando la Política de Atención Integral a la Primera Infancia para garantizar la protección a las y los niños desde la etapa prenatal. De igual manera se implementa el Plan Estratégico Nacional sobre el VIH-SIDA para evitar la transmisión de enfermedades a la niñez y prestar la atención a las y los niños afectados o huérfanos por esta enfermedad. La cobertura se ha ampliado de 35 a 45 centros de atención integral, que equivale al suministro del 92% de los medicamentos retrovirales.
La Secretaría de Salud inició un modelo de clínicas materno-infantil y unidades de salud de atención primaria, existiendo a la fecha a 115.
Existe una tendencia descendente en la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunas para el cuadro básico, con una cobertura nacional superior al 95% en menores de 2 años.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la malaria tiene una reducción en el 75%. La cobertura de tratamiento por casos diagnosticados es del 100%. La epidemia del VIH-SIDA ha sido objeto de atención de parte del Gobierno ampliándose de 35 a 45 Centros de Atención Integral.
Se ha obtenido en el país un aumento en el parto atendido en instituciones de servicios públicos, pasando de 62% a un 67% a nivel nacional, disminuyendo la mortalidad materna.
Para asegurar el derecho a la educación, el Estado desarrolla programas de becas escolares y de bono para transporte de los estudiantes, así como el programa de matricula gratis, con el fin de incentivar la asistencia a clases. Para evitar la deserción escolar, se ejecutan los programas “escuela saludable” que asegura la merienda escolar y el “vaso de leche infantil”.
La tasa de asistencia neta en la actualidad es de 44.5% a nivel de pre básica; 89.6% a nivel básico que comprende del primer a sexto grado; 39.5% de ciclo común; y 27.6% a nivel de diversificado.
Es importante destacar que los esfuerzos también se realizan en la educación formal alternativa para jóvenes excluidos del sistema formal, alfabetización y terminación de educación primaria y media.
Para garantizar la seguridad alimentaria se aprobó la política nacional sobre seguridad alimentaria y nutricional y se ha establecido un programa nacional que funciona en el Sector Salud a través de una Comisión Nacional de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria y un Consejo Consultivo en Micronutrientes.
Señor Presidente, habiendo hecho una revisión minuciosa de tremas de interés de la comunidad nacional e internacional, nuestro Gobierno es enfático en afirmar que no existe una política pública para conculcar derechos y libertades fundamentales. Lejos de eso, los logros antes compartidos evidencian nuestro empeño por lograr una mejora sustancial y continua en materia de derechos humanos.
Reconocemos que este Examen será una oportunidad para el fortalecimiento de nuestras capacidades y una guía para asumir nuestros desafíos inmediatos, especialmente en lo que se refiere a los compromisos voluntarios, entre los cuales se destacan:
Primero, iniciar con el proceso de preparación y diseño del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con la participación de grupos de trabajo temáticos, organizaciones de Sociedad Civil, grupos de interés e instituciones con mandato en la promoción y protección de derechos humanos.
Segundo, generar un debate en el Congreso Nacional y la sociedad civil para armonizar el marco regulatorio de la Ley del Sector de Telecomunicaciones y su concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos, especialmente a lo que se refiere a los niveles de difusión público, privado y comunitario.
Tercero, promover la reforma al Artículo 209-A Código Penal referente al delito de la tortura, con la finalidad de armonizarlo con lo preceptuado en el Protocolo Facultativo contra la Tortura y demás Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Cuarto, promover la discusión del Ante proyecto de una Ley contra la trata de personas y la explotación sexual, comercial, que sancione todas las formas y modalidades de ese delito, en consonancia a lo preceptuado en el Protocolo correspondiente.
Quinto, incrementar los esfuerzos del Estado para lograr mejores condiciones de seguridad ciudadana, considerando como elementos prioritarios la atención a las victimas de violencia y el delito, el control de las armas, la profesionalización y modernización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como la rendición de cuentas de todas las autoridades responsables de la política y estrategia de seguridad ciudadana.
Finalmente, Señor Presidente, quisiera aprovechar este valioso espacio para responder las interrogantes y recibir de los Estados miembros y observadores, sus comentarios y recomendaciones que tengan a bien formular, las que sin duda enriquecerán los esfuerzos hechos a la fecha por el Estado de Honduras en la protección y promoción de los derechos humanos.
Muchas gracias
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