Dicho Decreto fue aprobado en la administración del ex presidente José Manuel Zelaya y el mismo regulaba la expropiación de tierras para fines de reforma agraria, por lo que al ser anulado, unos 600 grupos campesinos quedarían a la deriva legal y podrían ser desalojados en las próximas horas, lo que provocaría un nuevo e innecesario conflicto que llevaría incluso a un baño de sangre, según el parlamentario udeista.
En tal sentido, el titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, designó una comisión de emergencia integrada por congresistas de todas las bancadas, para investigar y revisar el fallo judicial y así buscar una solución integral que evite a toda costa una nueva confrontación en el agro hondureño.
Por su parte el congresista Marvin Ponce, explicó que lo que se pretende con esta reforma es modificar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola, a efecto que el Estado pueda disponer de todas aquellas tierras privadas improductivas u ociosas, para otorgárselas a campesinos que estén dispuestos a trabajar la tierra, previó la compra de la misma a su legítimo propietario; pagos que se efectuarían al terrateniente con un 15 por ciento de contado y el resto con bonos de la deuda agraria, puestos a disposición a través de la Secretaría de Finanzas por el orden de 700 a mil millones de lempiras.
Sin embargo, también se plantea la reforma al artículo 70, el cual se refiere a que los campesinos que reciban tierras en el marco de la reforma agraria, no podrán ni vender ni hipotecar las mismas, a menos que sea al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), quien está facultado para rematar la tierra en caso de falta de pago y asimismo otorgársela preferencialmente al Instituto Nacional Agrario (INA), para que la reasigne a otro grupo campesino.
Ponce manifestó que otro de los objetivos del Proyecto de Ley, es recuperar las tierras nacionales que están en manos de particulares, por lo que explicó que quien esté ocupando tierras estatales, tendrá la opción de comprarlas o devolverlas, las que pasarían de inmediato al banco de tierras de el INA, para así ser redistribuidas a campesinos que necesitan latifundios en donde poder trabajar, “hay 300 mil familias sin tierras, seis de cada 10 familias que viven en el campo no tienen una tierra para trabajar, éso explica la pobreza”, enfatizó.Asimismo explicó que cabe la posibilidad que el Estado negocie con la banca privada para que estas puedan vender al Gobierno a un justo precio, tierras que han sido rematadas a terratenientes, de manera que estas puedan pasar a grupos campesinos para que se vuelvan productivas.
El parlamentario udeista dijo que de lo que se trata es buscar solución a estas problemáticas, de manera que se reduzca la brecha social entre ricos y pobres, por lo que calificó al presidente Juan Orlando Hernández como “valuarte de la reconciliación, el Congreso es un sinónimo de reconciliación nacional, en el Poder Ejecutivo se hizo un Gobierno de integración, no es correcto que sigamos ahora confrontados por temas que los podemos resolver en los espacios políticos y si la Corte no fue justa, pues será el Congreso el que hará justicia a través de la gestión legislativa, concluyó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.
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