El informe de Estrategia de Control de Narcóticos Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que Honduras continúa siendo uno de los principales corredores de cocaína hacia Estados Unidos, pero la lucha del gobierno contra el narcotráfico está estancada en un pantano de corrupción, falta de recursos y problemas de coordinación.
Pese a que la administración de Xiomara Castro ha prometido priorizar el combate al crimen organizado, los resultados son alarmantemente limitados. En 2023, las incautaciones de cocaína se desplomaron drásticamente, con solo 486 kilogramos confiscados, frente a las 4,9 toneladas del año anterior, un retroceso que, según fuentes oficiales, se debe a un cambio de enfoque hacia la erradicación. Sin embargo, las cifras sugieren que el país está perdiendo terreno en su lucha contra el narcotráfico.
Las zonas del este de Honduras, como Colón y Gracias a Dios, permanecen prácticamente sin ley, convirtiéndose en refugios seguros para las organizaciones criminales transnacionales que operan con impunidad. El estado frágil de las instituciones hondureñas, plagadas por la corrupción, facilita la expansión de estos grupos. A pesar de los esfuerzos por mejorar la cooperación internacional, incluyendo la creación del Centro de Operaciones Interagencial Conjunta (CCOI) con apoyo de Estados Unidos, la falta de voluntad política y recursos escasos han impedido que estas iniciativas tengan un impacto real.
El reciente Estado de Excepción, implementado para combatir la extorsión, ha desviado recursos de las operaciones antidrogas hacia el control del orden público, dejando aún más espacio para que los narcotraficantes operen. Mientras tanto, la situación en el poder judicial es especialmente preocupante: la corrupción es rampante y la impunidad prevalece, socavando cualquier esfuerzo significativo por frenar el narcotráfico.
La coalición gubernamental recién formada para controlar el uso de precursores químicos es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente ante la magnitud del problema. Mientras tanto, el consumo de drogas sintéticas aumenta en las calles, alimentando un ciclo de violencia y descomposición social que el gobierno parece incapaz de detener.
La ineficacia de las políticas antidrogas hondureñas refleja una crisis más profunda: un gobierno que lucha por imponer el orden en un país asolado por la criminalidad, donde la corrupción y la falta de recursos paralizan cualquier intento de cambio real. En un contexto de creciente inestabilidad política, sin un Fiscal General y Vice Fiscal permanentes, el futuro del país se oscurece aún más. Si no se toman acciones concretas para mejorar la coordinación interinstitucional y luchar contra la corrupción, Honduras seguirá siendo el patio trasero del narcotráfico internacional.
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