La noche
del pasado 8 de octubre, Tegucigalpa se sumió en la oscuridad de manera
abrupta. Sin previo aviso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
decidió cortar el suministro de energía en el centro de la capital, dejando a
miles de ciudadanos vulnerables y expuestos a un entorno ya hostil. La
electricidad regresó a las 5:31 am, pero el daño ya estaba hecho. Esta decisión
irresponsable no solo interrumpió la vida cotidiana de muchos, sino que también
puso en riesgo la seguridad de quienes vivimos en una zona marcada por la
violencia y la delincuencia.
La
indolencia de la ENEE se hace evidente en su falta de consideración hacia la
realidad de sus consumidores. La oscuridad nocturna no es simplemente un
inconveniente; es un aliado de los delincuentes. En un país donde los asaltos
son una triste realidad, la ausencia de luz incrementa la vulnerabilidad de la
población. He sido testigo de esta alarmante situación, donde incluso he visto
a personas desangrándose tras ser víctimas de robos. Mi propia casa fue
invadida, y aunque estábamos adentro, los ladrones no dudaron en llevarse una
cámara de video. En una zona donde el miedo se siente en el aire, este apagón
nocturno se convierte en un atentado directo contra la seguridad y el bienestar
de la comunidad.
Desde una
perspectiva legal y de derechos humanos, la acción de la ENEE representa una
clara violación del derecho a la seguridad y a la vida digna. La interrupción
del suministro eléctrico sin previo aviso, especialmente en un contexto de alta
criminalidad, es un acto que no solo pone en peligro la integridad física de
los ciudadanos, sino que también afecta su derecho a un ambiente seguro y
saludable. La Constitución de Honduras establece que toda persona tiene derecho
a la protección de su vida, su integridad física y su propiedad. Sin embargo,
al desatender estas garantías fundamentales, la ENEE y el gobierno están
incumpliendo con sus obligaciones.
El
gobierno, en su aparente desinterés, parece olvidar que al cortar la
electricidad en horas críticas está despojando a sus ciudadanos de la
posibilidad de proteger sus hogares. La oscuridad provocada por este apagón no
solo fomenta la inseguridad, sino que también atenta contra la tranquilidad de
las familias que viven en constante alerta. La sensación de vulnerabilidad se
intensifica cuando consideramos que en nuestra zona, incluso los medidores de
energía son robados. Si la ENEE no puede garantizar la seguridad de sus
instalaciones, ¿cómo puede esperarse que proteja a los ciudadanos?
La falta de
un plan de contingencia y la ausencia de comunicación previa son claras
evidencias de la despreocupación de la ENEE por la situación crítica que
enfrentamos. No solo es su responsabilidad proveer energía, sino también velar
por el bienestar de la población. Es fundamental que esta empresa reconozca el
impacto de sus acciones y tome medidas efectivas para evitar que situaciones
como estas se repitan.
La
comunidad exige respuestas y soluciones. No podemos seguir viviendo con miedo,
sin la certeza de que nuestras casas y nuestros seres queridos están a salvo.
La ENEE debe asumir su responsabilidad y trabajar de manera proactiva para
garantizar que los cortes de energía, en lugar de ser una amenaza, sean parte
de un servicio eficiente y seguro. Es momento de que se priorice la seguridad
de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. La luz no solo
ilumina nuestras calles; también protege nuestras vidas y nuestros derechos.
