El presidente Hernández afirma que no pueden hacerse más cobros de cargos por servicios a los usuarios
- El cobro por el plástico debe asumirlo el banco y al cliente que haga solo pagos mínimos durante seis meses deben trasladar el crédito a un mecanismo de financiamiento blando.
- El mandatario anuncia que ahora luchará por la nueva Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas.
Tegucigalpa, agosto. A partir de los primeros días de octubre, los usuarios de tarjetas de crédito podrán disfrutar de los beneficios de la nueva ley, que permitirán, entre otros beneficios, no pagar más de 54 por ciento en los intereses ni cargos por servicios, dijo hoy el presidente Juan Orlando Hernández.
Hernández confirmó también, en conferencia de prensa, que la nueva Ley de Tarjetas de Crédito ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, después de que él la sancionó recientemente, una vez que el Congreso Nacional la aprobó a propuesta del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, dentro de unos 60 días, cuando la ley entre en vigencia, deben empezar disfrutar de las reformas.
Afirmó Hernández que en los primeros días de octubre, por ejemplo, el techo máximo en el cobro de intereses no puede pasar del 54 por ciento y solicitó al resto de bancos de Honduras que participen en la emisión de tarjetas de crédito.
El gobernante expuso que por ahora son tres los bancos que tienen en su poder la mayor parte de la emisión de ese servicio y Honduras requiere que otras instituciones bancarias participen para que haya mayores opciones, el pueblo pueda disfrutar de mejores servicios y, por qué, no, “tasas de interés más bajas”.
Hernández recordó que la semana pasada sancionó el decreto de ley, que esta semana se publicó en La Gaceta y a partir de ahora al usuario le resta esperar el día 4 de octubre para hacer uso de los beneficios de la nueva ley.
Buen uso del crédito
Sin embargo, el presidente Hernández, si bien dijo que es importante que se haya aprobado en el Congreso Nacional la nueva Ley de Tarjetas de Crédito, “igual pido a los hondureños que sepan utilizar su crédito”.
Se debe buscar la forma de utilizar mejor los créditos -agregó Hernández- porque el crédito no es malo; lo malo es no usarlo de la mejor manera y después sufrir los problemas de las deudas.
Comentó el mandatario que lo ideal sería que el hondureño tenga planificado, por ejemplo, pagar sus créditos para compra de vivienda, de terrenos o mejoras en las propiedades, “y no verse inmiscuido en las deudas de las tarjetas”, porque es necesario usar bien el crédito.
Asimismo, solicitó que revisen bien sus estados de cuenta porque a partir de los primeros días de octubre ya a nadie le pueden cobrar más del 54 por ciento de interés en sus créditos.
Hernández recomendó a los emisores de tarjetas de crédito que en un lugar del estado de cuenta se le haga mención al usuario para que revise que sus créditos ya cuentan con el beneficio de no cobrarse intereses arriba del 54 por ciento.
Victoria del pueblo
El titular del Ejecutivo afirmó que la aprobación de la nueva Ley de Tarjetas de Crédito “es una victoria de todo el pueblo hondureño”, al que agradeció su ayuda y decisión de buscar soluciones al problema.
Uno de esos puntos vitales en la aprobación de la ley fue mantener la presión en el Congreso Nacional para que se aprobara; sin embargo, consideró que ahora se debe efectuar un proceso de vigilancia sobre lo que hacen la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y los bancos para su aplicación.
Empero, remarcó que igual el hondureño debe estar vigilante de sus propias acciones para no volver a caer en deudas impagables o en los problemas del pasado.
No más cargos por servicios
Hernández les recordó a los usuarios de tarjetas de crédito que no deben permitir “que se le hagan cargos como los que se hacían en el pasado, por ejemplo los cargos por servicios”.
El referido cargo, dijo Hernández, debe ir incluido en el costo de la tasa de interés, y solo se realizarán pagos por membresía y por seguros, pero estos últimos si el cliente los autoriza o los requiere.
Apuntó que no es relativo el pago al plástico de la tarjeta, porque eso le corresponde al banco, sino al seguro que el mismo usuario puede autorizar. “No pueden haber cargos por servicios”, remarcó Hernández.
Por otro lado, anunció el mandatario que el usuario que solo realice pagos mínimos durante seis meses debe ser notificado por el banco para que su deuda sea trasladada a un mecanismo de préstamo, a una tasa de interés baja y con los mínimos requerimientos así como obtuvo su tarjeta de crédito, es decir sin avales.
Hernández refirió que ese es un mecanismo de salida que ofrece el mismo banco al cliente, para que pueda salir del problema.
Ley de Inclusión Financiera
Otro de los procesos que el mandatario aseguró va a apoyar es la aprobación en el Congreso Nacional de la nueva Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas, que beneficiará a todo trabajador afiliado al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), a los afiliados a los institutos de previsión y a quienes tienen contratos temporales de trabajo.
Esta ley permitirá, dijo Hernández, que se presenten ofertas complementarias para las carteras de inversiones de los institutos, y esto no pone en riesgo la cartera de las entidades, sino más bien que las fortalece, porque ofrece mayores opciones de rentabilidad y diversificación, ofreciendo mayores beneficios a sus afiliados.
Puso como ejemplo que “si alguien es afiliado a Inprema su dinero lo deposita la institución en un banco quizá a un 8 por ciento, y ese banco le cobra por el sistema de tarjetas, al mismo Inprema y sus afiliados, el 62 por ciento, y esas son las barbaridades”, que no pueden seguir sucediendo, señaló.
Refirió que se busca que si un afiliado a Inprema tiene su dinero en el instituto, pueda tirar la deuda a más largo plazo, a mejores tasas de interés, para que el préstamo le permita salir de la deuda de las tarjetas de crédito.
Al mismo tiempo, manifestó que la ley permite que existan otro tipo de ofertas para los institutos; serán beneficiarios de la ley todos los afiliados al RAP y de los institutos de previsión, aunque tengan contratos temporales, como es el caso de empleados del Gobierno.
Refirió que son 30,000 empleados por contrato los del Gobierno que pueden ser beneficiados con la nueva ley, unos 250,000 afiliados al RAP y unos 70,000 micro, pequeños y medianos empresarios que están en la Central de Riesgos, sin posibilidades de financiar sus unidades productivas.
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