A solicitud de diversas organizaciones civiles aglutinadas en la Alianza por la Paz y la Justicia, el Congreso Nacional llamará próximamente a una rendición de cuentas al fiscal general de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Dicha petición fue recibida personalmente por Juan Orlando Hernández, presidente del Legislativo, quien fue acompañado por diputados de las cinco bancadas.
El segundo de los cuatro puntos plasmados en el comunicado “No aguantamos más”, dice que “Exigimos al Poder Legislativo que llame a rendir cuentas al secretario de Seguridad, al fiscal general del Estado y al presidente de la Corte Suprema de Justicia para evaluar su desempeño y sus resultados. En función de esta rendición de cuentas, exigimos al Congreso Nacional tomar las medidas correctivas que cada caso amerite”.
“Como ciudadano, padre de familia y diputado, también ya no aguanto más. Hemos creados diferentes leyes, como el que combate el delito de extorsión y crimen organizado; o presupuestos como el de la Tasa de Seguridad y ha habido ciertos resultados, peor no es suficiente”, dijo Hernández.
“No se trata de un enfrentamiento entre poderes, se trata del clamor del pueblo hondureño de vivir en paz y de nuestra obligación de revisar si las leyes que hemos aprobado han dado resultado o no”, agregó.
A la pregunta de cuándo serán llamados esos tres altos funcionarios para rendir cuentas, el presidente del Legislativo respondió que “Será una decisión que tomará una comisión especial que estructuramos, así que espero que pronto nos entreguen un cronograma”.
Sobre la posibilidad de aplicar la figura del juicio político que recientemente aprobó el Congreso Nacional, Hernández recordó que el mismo se puede utilizar si se considera que las acciones de determinado funcionario van en perjuicio del Estado.
“Si encuentra que un funcionario no tiene la conducta que de él se espera, pues obviamente se puede usar el juicio político, pero primero debe abrirse una investigación”, explicó.
Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, e integrante de la Alianza por la Paz y la Justicia, Julieta Castellanos dijo que “A un año de haberse creados instituciones para depurar a la Policía, se ha confirmado el fracaso del proceso”.
“En nuestro país, los únicos que tienen rostros son las víctimas, como lo tienen mi hijo y su amigo Carlos David, pero no de los asesinos, porque el Estado se niega a ponerles rostros y nombre”, continuó diciendo Castellanos.
Si tenemos a un Ministerio Público que no acusa –expresó-, tenemos a un Estado que se niega a aplicar justicia. No estamos descalificando a nadie, solo estamos pidiendo que den cuenta. Por eso le hemos pedido al Congreso Nacional que los llamen y den un informe.
servicio informativo
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