CNA y Sociedad Civil se pronuncian sobre escogencia de autoridades del Ministerio Publico

El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, y las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, a la Opinión Pública Nacional e Internacional, hacen de su conocimiento el siguiente pronunciamiento oficial:

1. Que el Ministerio Público, en el devenir del tiempo, ha sido objeto de serios cuestionamientos sobre la efectividad de sus acciones, tanto desde el ceno de la Sociedad Hondureña como del Estamento Político del País, exigiéndosele a éste operador de justicia, examinar su actuar para que sea consecuente con los requerimientos para luchar de forma eficiente y efectiva contra la criminalidad organizada, el terrorismo y los delitos comunes, así como también establecer las condiciones de su modernidad y depuración.
2. Respaldar al Soberano Congreso Nacional  de la República, que en el marco de sus atribuciones, eligió el día domingo 01 de septiembre del año en curso, al Ciudadano Abogado Oscar Fernando Chinchilla, como fiscal General de la República, y al ciudadano Abogado Rigoberto Cuéllar Cruz,  como fiscal General Adjunto en una votación abierta, transparente, democrática y por un margen aún mayor de las dos terceras partes de los votos requeridos.
3. El CNA y las Organizaciones de la Sociedad Civil reconocen que en un Estado Democrático como el nuestro,  es permitida la diversidad de opiniones  y posiciones alrededor de temas de interés nacional, de conformidad al principio del Estado Republicano, donde el poder radica en el pueblo el cual lo delega en los Señores Diputados del Congreso Nacional, quienes actúan en su representación; por tanto:  Reconocemos el esfuerzo de la amplia mayoría de los Diputados que pertenecen a los distintos Partidos Políticos al haber impulsado una reforma profunda y transformadora de las Instituciones que brindan seguridad y justicia al pueblo Hondureño y especialmente el hecho de haber electo, oportuna y sabiamente, a los titulares nuevos del Ministerio Público.
4. Condenamos categóricamente las acciones mezquinas e intolerantes de algunos representantes de Partidos Políticos y de Organizaciones  de la Sociedad Civil que intentaron entorpecer, retrasar y deslegitimar el proceso de elección de los titulares del Ministerio Público con el propósito de sacar provecho polìtico, personal o de grupo.
5. Planteamos la exigencia de continuar con las reformas Legislativas necesarias para el fortalecimiento de las Instituciones Operadoras de Justicia, porque el clima de violencia y de criminalidad, exigen que la Autoridad constituida, junto a la Población, recuperen su accionar efectivo y la gobernabilidad del sistema democrático.
6. Siendo el Ministerio Público un órgano fundamental en la lucha contra el crimen organizado y demás delitos conexos, es necesaria su modernización, así como su debido equipamiento tecnológico, logístico y científico, por lo que el Estado debe de asignar los recursos necesarios para tal fin.
7. El CNA y las Organizaciones de Sociedad Civil plantean y exigen la necesidad de un gran acuerdo nacional en el marco de las atribuciones y competencias del Ministerio Público, La Sociedad Civil y El Consejo Nacional Anticorrupción, que establezcan las bases y promuevan el fortalecimiento Institucional para librar una lucha seria, decidida y frontal contra la corrupción, la violencia y las organizaciones del crimen transnacional organizado.

Tegucigalpa, M.D.C 02 de septiembre del 2013

Abogada Dulce María Zavala