Comunicado del Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras
Casa Alianza Honduras
Exigimos garantizar el respeto a los derechos de las personas detenidas en el centro de detención para migrantes de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, poniendo fin a la privación prolongada de libertad que sufren y a los abusos y violencia que se genera por la política sistemática del gobierno mexicano de control, detención y deportación.
El suceso ocurrido este pasado miércoles al interior del centro de detención para migrantes de Tapachula, Estación Migratoria Siglo XXI (EMSXXI), en donde aproximadamente 300 personas de nacionalidad hondureña protagonizaron un motín, pone de manifiesto las consecuencias generadas por la dura política de control, detención y deportación que el estado mexicano ha implementado en los últimos meses. Confirma que la privación de libertad de las personas migrantes lejos de proteger y garantizar sus derechos fundamentales, afecta de manera transversal su integridad física, emocional y las garantías jurídicas y derechos básicos de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, situación que el CDH Fray Matías ha venido denunciando en los informes publicados sobre derechos humanos y condiciones de vida de las personas migrantes en la EMSXXI. [1]
Un día feriado en Honduras y su consecuente suspensión de atención, fue suficiente para detonar una situación generada por la incertidumbre y condiciones de vida en las se encuentran cientos de personas migrantes en este centro de detención y que trajo como consecuencia la fuga de alrededor de 15 personas, un connato de incendio y el riesgo que se produjo contra la vida y la integridad física de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentran ahí privados de su libertad.
Cabe destacar que el reforzamiento de la frontera, es decir el blindaje y la aplicación de estrategias de securitización y militarización con el denominado Plan de la Frontera Sur, implementado por el Gobierno Federal está generando hacinamiento en la EMSXXI, principal centro de deportación de América Latina, esto se suma a las de por sí malas condiciones de vida e higiene al interior y a la falta de una asistencia consular protectora, principales reclamos de las personas amotinadas que no obstante estar privados de su libertad, sin haber cometido delito alguno, también fueron encerrados en celdas y racionados en su alimentación; una muestra clara de lo que sucede cuando la realidad social de las personas migrantes se aborda únicamente bajo un enfoque de criminalización y control, sin considerar que las causas de la migración son variadas y complejas y que muchas personas están huyendo de la violencia social y política existente en sus países y requieren de una verdadera protección.
La mayoría de las personas que participaron en el incidente fueron deportadas esa misma noche, pero la incertidumbre persiste para las demás personas migrantes y solicitantes de asilo que permanecen privadas de su libertad en este centro de detención, pues siguen sin contar con información sobre su situación legal y sin garantía de sus derechos.
Ante todas estas circunstancias que violan a diario los derechos más elementales de las personas detenidas, exigimos a las autoridades:
- La puesta en libertad inmediata de personas que llevan encerradas más tiempo del legalmente establecido, como las solicitantes de asilo y las que por su situación de vulnerabilidad así lo requieran (niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, etc.), con plena restitución de sus derechos.
- Una investigación independiente, exhaustiva e imparcial por parte de las autoridades sobre los hechos ocurridos durante el incidente, dándose todas las garantías a las personas que se fugaron y fueron de nuevo detenidas en prevención de posibles represalias contra ellas, para su debido proceso y para que puedan narrar todo lo sucedido.
- El respeto del derecho a migrar para todos los seres humanos, que debe pasar por el cese de las políticas de control migratorio basadas en un enfoque securitario y centradas en los operativos de identificación, privación de libertad en centros de detención y deportación de personas migrantes en situación irregular.
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