CAO concluye que IFC no tomó suficientes medidas para identificar actividades en que Ficohsa estuviera expuesta a riesgos ambientales y sociales a través de su cartera vigente

En este informe se presentan las conclusiones de la investigación de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), en su función de Cumplimiento, acerca de la inversión de la Corporación Financiera Internacional (IFC) en Banco Ficohsa (Ficohsa), la entidad bancaria más grande de Honduras.

Lars Thunell, vicepresidente y CEO de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el presidente ejecutivo del Grupo Financiero Ficohsa, señor Camilo Atala.  (Foto Diario La Tribuna 10 de agosto del 2011)

La Asset Management Company (AMC) de IFC realizó inversiones en capital accionario y deuda subordinada en Ficohsa por un total de US$70,1 millones en octubre y noviembre de 2011.

 Dichas inversiones se efectuaron con posterioridad a otras inversiones en Ficohsa en los rubros de financiamiento para el comercio, vivienda y pymes.

La Corporación Dinant (Dinant) es una empresa agro industrial integrada de Honduras que recibió un préstamo de US$15 millones de IFC en 2009. En respuesta a denuncias de violencia contra agricultores en las plantaciones de palma de aceite de propiedad de Dinant y sus alrededores en el valle del Aguán en ese país, la CAO inició una auditoria de cumplimiento

sobre esta inversión de IFC en agosto de 2012.

En el curso de dicha la auditoria, la CAO tuvo conocimiento de que Dinant era uno de los mayores prestatarios de Ficohsa y de que, como consecuencia de ello, el riesgo a que estaba expuesta IFC con respecto a Dinant a través de su participación accionaria en Ficohsa era considerable.

En este contexto, en agosto de 2013 la CAO inició un proceso de cumplimiento

en relación con la inversión de IFC en Ficohsa.

Como se establece en los términos de referencia de esta investigación sobre cumplimiento, la CAO ha analizado si las inversiones en capital accionario y deuda subordinada realizadas por IFC en Ficohsa se sometieron a una evaluación inicial y se estructuraron y supervisaron de conformidad con las políticas, los procedimientos y las normas aplicables de IFC en el contexto de sus obligaciones ambientales y sociales más amplias. Finalmente, la CAO ha considerado las causas inmediatas y subyacentes de toda falta de cumplimiento identificada.

En este informe se describen las deficiencias sustanciales en la manera en que IFC desempeñó sus obligaciones ambientales y sociales en relación con la inversión en Ficohsa.

Con respecto a la etapa previa a la inversión, la CAO concluye que IFC no tomó suficientes medidas para identificar actividades en que Ficohsa estuviera expuesta a riesgos ambientales y sociales a través de su cartera vigente. Esto resulta particularmente preocupante en vista del riesgo ambiental y social subyacente derivado de las condiciones regulatorias y degobernabilidad en que operaba Ficohsa. Además, la CAO considera que IFC no hizo un examen adecuado del sistema de gestión ambiental y social (SGAS) de Ficohsa ni de la capacidad de dicho sistema para aplicar las exigencias ambientales y sociales de IFC. 

Estas deficiencias en los análisis se agravaron con la decisión de estructurar la inversión de una manera que permitió que los desembolsos a Ficohsa se efectuaran antes de que se adoptaran medidas para subsanar las deficiencias del SGAS. En consecuencia, IFC adquirió una participación accionaria en un banco comercial cuya exposición a sectores y clientes de alto riesgo era considerable y que no tenía la capacidad necesaria para cumplir los requisitos ambientales y sociales de IFC. 

La ausencia de un proceso de examen ambiental y social que se correspondiera con el nivel de riesgo implicó que a los principales responsables de la toma de decisiones (la gerencia del Grupo de Instituciones Financieras de IFC y los miembros la Junta de Directores) no se les presentó una evaluación Informe de investigación de la CAO C-I-R9-Y13-F190 adecuada de los riesgos que conllevaba la inversión. 

Estos riesgos incluían una mayor exposición con respecto a Dinant, empresa acerca de la cual IFC tenía conocimiento de que estaba afectada por un violento conflicto sobre tierras, así como varios otros préstamos con posibles riesgos ambientales y sociales de consideración que no habían sido evaluados. 

Esto también significó que no se había proporcionado a Ficohsa el apoyo urgente e intensivo que requería para mejorar el SGAS.

En cuanto a la decisión de efectuar los desembolsos, la CAO considera que en el examen realizado por IFC de las condiciones de desembolso aplicables no se cumplió la exigencia de que el personal responsable de los aspectos ambientales y sociales debía dar el visto bueno a cualquier condición de índole ambiental o social tras el examen de las pruebas de cumplimiento.

 En particular, la CAO considera que IFC autorizó el desembolso en contra de su acuerdos de inversión sin haberse asegurado de que Ficohsa hubiera presentado la información ambiental y social exigida como condición para el desembolso. 

Además, la CAO concluye que el personal de IFC responsable de los aspectos ambientales y sociales no examinó la validez y vigencia de las declaraciones y garantías ambientales y sociales de Ficohsa antes de los desembolsos. 

Con respecto a la supervisión del proyecto, la CAO considera que IFC no se aseguró en forma adecuada ni oportuna de que Ficohsa estuviera utilizando el SGAS como se había previsto en el momento de la evaluación inicial, ni de que estuviera aplicando las Normas de Desempeño a sus subproyectos.

 En un plano más sistémico, la CAO concluye que existe una discrepancia entre los formatos para la presentación de informes del cliente suministrados por IFC a Ficohsa, y las disposiciones y exigencias de presentación de informes ambientales y sociales que se habían incorporado en los convenios de inversión. 

En este sentido, la CAO concluye que el formato de los informes ambientales y sociales suministrado por IFC a Ficohsa no era adecuado en cuanto a los detalles que se debían suministrar con respecto al desempeño de los prestatarios, en particular aquellos que suponían un alto riesgo en esas áreas. 

Como resultado IFC tuvo y tiene, en el mejor de los casos, una idea superficial de los riesgos ambientales y sociales asociados a la base de clientes de Ficohsa.

A pesar de estas inquietudes, la CAO concluye que la supervisión de esta inversión por parte de IFC ha mejorado desde fines de 2012, cuando el equipo de IFC responsable de los aspectos ambientales y sociales que trabaja con Ficohsa tuvo conocimiento de la gravedad de los problemas con respecto a Dinant. 

De hecho, en ese momento IFC llevó a cabo el análisis de las deficiencias del SGAS de Ficohsa que se había exigido en la evaluación inicial en 2010. 

Como resultado, IFC ha apoyado la formulación de un plan de acción correctivo para dicho sistema. A pesar de estas medidas, la CAO considera que los problemas de falta de capacidad y de gobernabilidad en el país significan que la supervisión del cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales de los convenios de inversión suscritos en 2011 es un desafío a largo plazo de gran magnitud.

En cuanto a Dinant, la CAO concluye que hubo información altamente relevante sobre el conflicto y los riesgos ambientales y sociales conexos en torno a Dinant —información que se encontraba en poder del equipo de IFC encargado de la inversión en Dinant—que no fue comunicada a miembros clave del equipo de IFC que trabajaba con Ficohsa, aun cuando había personal que colaboraba en ambos equipos. 

Es importante señalar que la CAO no encuentra indicaciones de que IFC haya llevado adelante su inversión accionaria en Ficohsa con la intención de proporcionar financiamiento adicional a Dinant. 

Sin embargo, al hacer una excepción a una disposición financiera clave y posteriormente tomar una participación accionaria en Ficohsa, IFC: a) aumentó su exposición al riesgo y b) facilitó un flujo de capital Informe de investigación de la CAO C-I-R9-Y13-F190constante y considerable a Dinant, que no se enmarcaba en sus normas ambientales y sociales, en un momento en que la administración de IFC estaba consciente de los graves riesgos ambientales y sociales no mitigados con respecto a su cliente del sector agroindustrial.

En cuanto a las causas subyacentes de las faltas de cumplimiento identificadas en este informe, CAO observa una primacía de consideraciones financieras en las decisiones de IFC. 

Como resultado de ello, IFC no examina los riesgos ambientales y sociales que conllevan las carteras de sus clientes bancarios con la misma profundidad con que examina el riesgo crediticio de estas. La CAO también observa una compartimentación de la información, con el resultado de que hubo información relevante que no se comunicó a miembros clave del equipo de IFC asignado a la inversión en Ficohsa. 

En este contexto, el personal responsable de los aspectos ambientales y sociales de IFC no indagó sobre la exposición de Ficohsa a subclientes de alto riesgo, y sus colegas de inversiones destacados en la región, que estaban enterados de la situación, no informaron al respecto.

En lo referente a la adecuación de las políticas, los procedimientos y las normas de IFC, la CAO considera que las deficiencias identificadas en esta investigación están relacionadas entre sí. 

Son reflejo de un sistema de apoyo a los intermediarios financieros cuyos no respalda las obligaciones ambientales y sociales superiores de IFC. En vista de que IFC mantiene que este proyecto se tramitó de conformidad con las prácticas prevalecientes, las conclusiones de la CAO plantean inquietudes de que la exposición de IFC, a través de sus inversiones bancarias a proyectos con posibles impactos ambientales y sociales adversos, no han sido analizados y podría ser de enormes proporciones.

 Al no haberse divulgado la información relacionada con estos proyectos, esta exposición al riesgo en realidad también es secreta y, en consecuencia, se aparta de los sistemas que han sido diseñados para asegurar que IFC y sus 

clientes puedan rendir cuentas a las personas afectadas por sus proyectos acerca del cumplimiento de sus obligaciones ambientales y sociales.

 Los problemas subyacentes que se pusieron a la vista con esta investigación concuerdan con las conclusiones de la auditoría de las inversiones de IFC en intermediarios financieros que la CAO llevó a cabo en 2012, y señalan la necesidad de modificar profundamente el planteamiento de IFC con respecto a la identificación y la gestión de los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones con instituciones financiera

Siglas

AEPR Informe Anual sobre el Desempeño Ambiental

CAO Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman

DEG Deutsche Entwicklungs Gesellschaft (Corporación Alemana de 

Inversión y Desarrollo)

ESRD Documento de Examen Ambiental y Social

ESRP Procedimientos de Examen Ambiental y Social

ESRR Calificación del Riesgo Ambiental y Social

FIG Grupo de Instituciones Financieras

FMO Netherlands Development Finance Company

IFC Corporación Financiera Internacional

MIGA Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

SEPR Informe sobre el Desempeño Social y Ambiental

SGAS Sistema de gestión ambiental y social o sistema de gestión social y ambiental